Prescripción y caducidad de los tributos: plazos clave

El tiempo es un aliado del contribuyente en determinadas circunstancias: los derechos de la Administración tributaria tienen un plazo de prescripción de 4 años. Transcurrido ese plazo sin que la Administración actúe, pierde el derecho a liquidar, recaudar o sancionar.

El plazo general de prescripción: 4 años

El artículo 66 de la LGT establece que prescriben a los 4 años:

• El derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria (liquidar).
• El derecho de la Administración a exigir el pago de las deudas liquidadas.
• El derecho a imponer sanciones tributarias.
• El derecho del contribuyente a solicitar devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo.

¿Desde cuándo se cuenta el plazo?

El plazo comienza a correr desde el día siguiente al que finaliza el plazo voluntario de presentación de la declaración o autoliquidación. Para el IRPF 2024 (con plazo de presentación hasta el 30 de junio de 2025), la prescripción completa se alcanzaría el 1 de julio de 2029.

¿Qué interrumpe la prescripción?

Cualquier acción de la Administración o del contribuyente relacionada con la deuda interrumpe la prescripción e inicia de nuevo el cómputo de 4 años:

• Notificación de un requerimiento, inicio de comprobación o inspección.
• Notificación de una liquidación provisional o definitiva.
• Interposición de recurso o reclamación por el contribuyente.
• Reconocimiento de la deuda por el contribuyente (pago parcial, solicitud de aplazamiento).
• Realización de actuaciones inspectoras fehacientes.

Prescripción especial para delito fiscal

Si la cuota defraudada supera los 120.000 €, la conducta puede constituir delito fiscal (Código Penal). En ese caso, los plazos de prescripción son los penales: 5 años para el delito fiscal, no los 4 años tributarios. Además, la prescripción penal no se interrumpe por las actuaciones tributarias.

Caducidad del procedimiento

La caducidad es diferente a la prescripción: si un procedimiento tributario no se resuelve en el plazo máximo legal, caduca y se archiva. Sin embargo, la caducidad no extingue la deuda ni impide a la Administración iniciar un nuevo procedimiento, siempre que el derecho a liquidar no haya prescrito. La comprobación limitada tiene un plazo máximo de 6 meses; la inspección, 18 meses (27 en casos complejos).

Fuente: arts. 66-70, 104, 150 LGT. Estimación informativa. Consulta a un asesor fiscal para tu caso particular.